Mi primera publicación iba a ser sobre el clima post-electoral en Venezuela, pero en vista del muy abundante material generado hoy 18 de abril en mi país (Argentina), he decidido cambiar la temática. Para el día de hoy se había organizado una gran protesta (en Argentina llamado «cacerolazo», porque se acompaña a la marcha con el tintineo de cacerolas) a nivel nacional, para demostrar el descontento general con el actual gobierno kirchnerista. El reclamo adicional de ocasión es la controvertida reforma del Poder Judicial.
La convocatoria fue muy exitosa, y actualmente hay protestas en diversas ciudades del país, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. La manifestación nacional del «18A» (como es llamada) es incluso más exitosa que la del histórico «8N», llevada a cabo el 8 de noviembre del año pasado. La noticia hizo eco en medios de todo el mundo, y hubo pequeñas réplicas de la protesta organizadas por argentinos radicados en otros países.
Como bien dice el título, hoy fue un día excepcional. Y no sólo por la masiva convocatoria popular para expresar los desoídos reclamos del pueblo argentino. Sino porque simultáneamente se trató en el senado, la cámara alta, un proyecto -enmarcado en la reforma del Poder Judicial- para limitar las medidas cautelares. El gobierno consiguió media sanción, con una victoria de 39 votos a favor, y 29 en contra. El proyecto original sufrió algunos ligeros cambios luego del intenso debate en comisión en la que participó el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), organización que criticó algunos puntos y tuvo un fuerte debate con el secretario de Justicia, Julián Alvarez. La reforma de estos puntos se llevo a cabo solamente porque el director del centro, Horacio Vertbisky, es una figura que apoya fuertemente al kirchnerismo. Mientras tanto, el bloque kirchnerista hizo oídos sordos a las críticas de la oposición y numerosos expertos en derecho, que califican al proyecto como una medida de protección anticonstitucional del Poder Ejecutivo, contra diversas acciones legales.
Analizando este proyecto, no dejan de sorprenderme las contradicciones de esta serie de reformas impulsadas por el gobierno nacional, en aras de «democratizar a la justicia». Para que no suenen tan impropias , hace énfasis en el voto popular en la selección de miembros del Consejo de la Magistratura, y representantes de los estamentos del Poder Judicial. Sin embargo, lejos está una reforma que asegure más transparencia en la selección de los miembros de la justicia. Lejos está la selección por concurso del personal de la Procuración General de la Corte Suprema, en vez del sistema de contratación directa que se utiliza actualmente, permitiendo que numeroso militantes de la organización kirchnerista La Cámpora ingresen al poder público con antecedentes y capacidades académicas dudosas (situación que se repite en diversas oficinas, ministerios y empresas del gobierno, como la ANSES (seguridad social) ; o Aerolíneas Argentinas, empresa aerocomercial de gestión estatal que se resguarda en su constitución de sociedad anónima (SA) en vez de sociedad del Estado (SE) , huyéndole a la responsabilidad de hacer públicos todos su datos de finanzas y gestión). Y en vez de asegurar un Poder Judicial con más autonomía para actuar, tal como exigiría una verdadera «democratización», aumenta el poder del Ejecutivo sobre la gestión judicial; reduciendo las mayorías de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura (órgano que se encarga de seleccionar y remover jueces, donde entre los electores hay legisladores de los partidos políticos) de dos tercios del consejo a la «mitad más uno» ; quitándole las facultades de superintendencia judicial (administración de presupuesto, selección y auditoría del personal) a la Corte Suprema de Justicia, y transfiriéndoselas al Consejo de la Magistratura. El peligro que esto supone, es que el Poder Judicial tendrá una administración manejada por el poder político, quedando gestionado como una especie de ministerio del Poder Ejecutivo de turno.
Tema aparte y de aún mayor importancia es la reforma que limita las medidas cautelares y recursos de amparo. Con respecto a las medidas cautelares, lo más criticable es el poder suspensorio que se le dará a las apelaciones del Estado a cautelares sobre leyes o decretos de necesidad y urgencia. Con esto, el Estado tendrá un claro beneficio sobre este tipo de cautelares, porque serán suspendidas al simplemente apelarlas, y no tendrán efecto hasta la sentencia definitiva. El punto más despreciable a mi parecer sobre los recursos de amparo, que limita su duración a 6 meses, en un país que los juicios civiles no duran menos de 2 años….. ¿qué pasará con todos los jubilados que reclaman por sus derechos pisoteados por el Estado? El cual vive apelando gran parte de los juicios jubilatorios, y con el resto se declara en rebeldía, ignorando sentencias. ¿Qué pasará con los recursos de amparo de los trabajadores contra medidas de flexibilización laboral? Si viene otro corralito: ¿cómo se defenderán los ahorristas? ¿Qué haremos todos los ciudadanos cuando nuestros derechos e intereses se vean perjudicados por el Estado? En vez de acabar con la justicia «tortuga» que funciona en nuestro país, flexibilizando y acortando plazos para los fallos definitivos, deja totalmente indefensos a los querellantes mientras pasan su vida esperando por las tristemente célebres lentas resoluciones judiciales.
Lo más grotesco de todo, es la creación de nuevas cámaras de casación, entre las que se contará una de Trabajo y Seguridad Social. Esta alargará aún más los juicios jubilatorios y laborales.
Espero, con una fuerte esperanza, que estos reclamos masivos a nivel nacional, sean indicio de una sociedad argentina más madura, y más responsable de sus elecciones.
Guy Fawkes en el Siglo XXI 